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Martes, 1 de septiembre 2009
 

ANDALUCÍA

Observatorio por la Libertad en la Educación exige diálogo entre la Junta y las familias para respetar el fallo del TS

    SEVILLA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El Observatorio por la Libertad en la Educación --www.oleandalucia.com--, ante el inicio del próximo curso escolar, demandó hoy el "necesario" diálogo entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, los centros educativos y del profesorado con las familias, para que todo el material didáctico y todas las actividades escolares que se desarrollen en las aulas "se ajusten escrupulosamente a lo resuelto por el Tribunal Supremo (TS) en relación al derecho de los padres a elegir la educación de los hijos".

   En declaraciones a Europa Press, el coordinador del Observatorio, Carlos Seco Gordillo, insistió en que en el diálogo que exigen se apoya en la doctrina del TS, que ya afirmó que "cuando proyectos, textos o explicaciones incurran en tales propósitos desviados (adoctrinamiento) de los fines de la educación, ese derecho fundamental --artículos 16 y 27.3 de la Constitución Española-- les hace acreedores (a las familias) de la tutela judicial efectiva".

   En este sentido, incidió en que "es preciso insistir en un extremo de indudable importancia" ya que ni la Administración educativa --ni tampoco a los centros docentes, ni los profesores- "pueden imponer o inculcar, ni de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas".

   "Ello es consecuencia del pluralismo, consagrado como valor superior del ordenamiento jurídico, y del deber de neutralidad ideológica del Estado, que prohibe a éste incurrir en cualquier forma de proselitismo", añadió Seco. En este sentido, insistió en que las materias "no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral" en la sociedad española.

   Por lo tanto, el coordinador del Observatorio explicó que en una sociedad democrática "no debe ser ni la Administración educativa, ni los centros docentes, los que se posicionen en las cuestiones morales controvertidas", dado que al pertenecen al ámbito de las conciencias individuales, implica que cuando deban abordarse problemas de esa índole al impartir EpC, o cualquiera otra materia, es "exigible la más exquisita objetividad y el más prudente distanciamiento".

   En este sentido, Seco señaló como ejemplo materias como ciencias para el mundo contemporáneo, biología, filosofía, historia, lengua y literatura o temas relacionados con la sexualidad, todos "controvertidos y cuyo contenido moral no tiene por qué estar acorde con la globalidad de las familias de los alumnos".

   A juicio del Observatorio, cualquier texto de lectura, actividad complementaria o visionado de películas, debe responder a las directrices marcadas por el TS y debe ser previamente consultada y autorizada por las familias para garantizar por la Consejería de Educación el "acatamiento efectivo" de lo resuelto por dicho tribunal.

CRUCIFIJOS EN LAS AULAS

   Por otra parte, en cuanto al debate abierto sobre la colocación de crucifijos en las aulas, Seco lo definió como un "debate estéril", ya que en la práctica totalidad de los Centros Públicos "ya han desaparecido", mientras que en los centros de titularidad privada, la presencia o no de los crucifijos en las aulas se encuentra protegido por ·los derechos fundamentales de sus titulares a la libertad de enseñanza, por la autonomía pedagógica de los centros en relación a sus proyectos educativos, y por la libertad a decidir su oferta educativa".

   "Éstos son derechos protegidos por la Constitución y los Centros no pueden ser privados de ellos" explicó Seco, así como se posicionaron "a favor de la autonomía pedagógica y en contra de las imposiciones de la Administración en cuestiones con contenido controvertido".

   Por último, desde el Observatorio consideraron que la presencia de crucifijos en las aulas de titularidad privada, y en los de titularidad pública en los que así se acuerde por el Consejo Escolar, "es un derecho al que la familia opta libremente, y un derecho de los centros educativos, como consecuencia de la autonomía y libertad de enseñanza".





 
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