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OBSERVATORIO POR LA LIBERTAD EN LA EDUCACIÓN

El Observatorio por la Libertad en la Educación se

configura como un espacio de análisis y debate sobre la libertad

ideológica y religiosa en la Educación, yen los Centros Educativos,

los valores morales y éticos que se transmiten a través de sistema

educativo, la defensa del derecho fundamental de las familias a elegir

la formación moral y religiosa de sus hijos, facilitar a éstas la

información y los instrumentos necesarios para que puedan eficazmente

ejercer dicho derecho constitucional, y canalizar las inquietudes y

denuncias relativas a su vulneración, favorecer el diálogo y la

resolución de conflictos entre la Administración educativa y las

familias, y contribuir a formar una opinión pública sobre los valores

morales y éticos transmitidos, al tiempo que censurar a la

Administración cuando ésta no garantice eficazmente la realización

efectiva del primer derecho de todos los ciudadanos en un Estado

democrático: La Libertad ideológica y religiosa.

Siendo éste su ámbito de actuación, el

Observatorio se constituye por asociaciones e instituciones que

promueven la defensa de los derechos de las familias en sus más

diversos ámbitos, y en especial, en el ámbito educativo, (Asociación Católica de Propagandistas, CONCAPA, Foro Andaluz de la Familia y Profesionales por la Ética).

A través de este Observatorio se persigue que la doctrina dictada por

el Tribunal Supremo en las más recientes sentencias sobre esta materia

sean ciertamente cumplidas y ejecutadas por la Administración

educativa, entendiendo que el sistema de valores que puede ser

transmitido en las aulas se encuentran representados por los derechos

fundamentales de nuestra Constitución, y que en todo caso deben

excluirse aquellas cuestiones que resulten controvertidas, y sobre las

que no existe un consenso general, que resulten socialmente

controvertidas. Y ello por que la actividad educativa y la programación

y organización de la enseñanza, ha de ser ideológicamente neutral.

Como ha dicho el Alto Tribunal la organización y

programación de la enseñanza no autoriza a la Administración

educativa -ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos

profesores- a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta,

puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad

española son controvertidas.

Ello es consecuencia del pluralismo consagrado

como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, y del deber de

neutralidad ideológica del Estado, que prohíbe a éste incurrir en

cualquier forma de proselitismo. La Educación no puede ser pretexto

para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que

reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un

generalizado consenso moral en la sociedad española, según ha afirmado

el Tribunal Supremo. Ello implica que cuando deban abordarse problemas

de esa índole al impartir una materia educativa, es exigible la más

exquisita objetividad y el más prudente distanciamiento.